Venezuela: ¿liberación o imposición?

Justicia, soberanía y el riesgo de una transición dirigida desde fuera

En la madrugada del 3 de enero se produjo un punto de inflexión histórico en la crisis venezolana. Estados Unidos llevó a cabo una operación directa que culminó con la captura de Nicolás Maduro, actualmente bajo custodia del presidente Donald Trump, quien ha explicado públicamente cómo se desarrolló la operación. El régimen venezolano, tal como se conocía hasta ese momento, quedó desarticulado en cuestión de horas, dando paso a una reconfiguración inmediata del poder político en Venezuela.

No estamos, por tanto, ante rumores ni informaciones en evolución, sino ante un hecho consumado que altera de forma irreversible el equilibrio político del país y de la región. Precisamente por ello, la cuestión central ya no es qué ha ocurrido, sino qué va a construirse a partir de ahora.

La caída de un dictador suele provocar una reacción inmediata de alivio. En el caso venezolano, ese alivio es comprensible. Dos décadas de destrucción institucional, represión sistemática, empobrecimiento masivo y exilio forzado pesan demasiado como para fingir neutralidad moral. La salida de Maduro del poder era necesaria. Era inevitable. Y, en términos históricos, es una buena noticia.

Pero la caída de un dictador no es el final de la historia. A menudo, ni siquiera es su verdadero comienzo.

La caída no equivale a la solución

Uno de los errores más persistentes del análisis político contemporáneo consiste en confundir la eliminación del rostro visible del régimen con la resolución del problema estructural. Un sistema autoritario no se agota en su líder: lo sostienen redes de poder, intereses económicos, aparatos armados, complicidades internacionales y una arquitectura legal diseñada para la impunidad.

Que Maduro esté fuera del poder no significa automáticamente que esas estructuras hayan desaparecido. La pregunta pertinente es qué cae con él y qué permanece. Y, sobre todo, en nombre de qué prioridades se gestiona la transición.

La rapidez con la que se produjo el desenlace y la inmediata reorganización del poder alrededor de Delcy Rodríguez, figura central del régimen, colaboradora directa del dictador e interlocutora con el gobierno estadounidense, plantean una cuestión incómoda pero legítima: si estamos ante una derrota total del sistema que sostenía a Maduro o ante un acuerdo de salida limitado, orientado a resolver el problema personal del líder caído mientras se preservan, total o parcialmente, las estructuras que hicieron posible el régimen.

En ese escenario, la negociación no tendría por qué responder a criterios de estabilidad nacional ni de reparación histórica. Podría obedecer a objetivos mucho más estrechos y opacos: garantizar la impunidad del propio Maduro, asegurar la continuidad de determinadas redes de poder, o facilitar el acceso preferente a recursos estratégicos a actores externos. La ausencia de un proceso transparente y de una ruptura clara con el núcleo del régimen obliga, como mínimo, a formular estas preguntas.

Plantear esta duda no equivale a relativizar el crimen del régimen anterior. Equivale a reconocer que, históricamente, los finales negociados suelen proteger más a los aparatos que a las víctimas.

Cuando el dictador se convierte en moneda de cambio

Existe un punto crítico en la vida de toda dictadura en el que el dictador deja de ser útil incluso para quienes lo sostienen. Cuando su continuidad amenaza la supervivencia del sistema, aparece la tentación del pacto: una salida personal a cambio de tranquilidad inmediata.

Desde fuera, estas soluciones se presentan como pragmáticas. Desde dentro, suelen traducirse en impunidad.

La impunidad no es solo la ausencia de castigo penal. Es la ausencia de verdad judicial, de responsabilidades claras, de identificación de cómplices y de recuperación de lo robado. En la práctica, se convierte en una recompensa: quien ha saqueado un país no solo evita la cárcel, sino que conserva parte del botín y elude rendir cuentas ante sus víctimas. Es, en definitiva, la continuidad del sistema bajo nuevas formas.

En el caso venezolano, este riesgo es especialmente grave. No se trata únicamente de autoritarismo o corrupción, sino de violaciones sistemáticas de derechos humanos, represión letal, y la penetración del narcotráfico en el Estado. Nada de eso puede resolverse con una salida discreta del líder caído, por muy espectacular que haya sido su captura.

La impunidad como cimiento envenenado

Las transiciones construidas sobre la impunidad suelen justificarse como el precio a pagar por la estabilidad. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que ese precio se paga dos veces: primero en justicia negada, después en fragilidad institucional.

Sin juicios no hay relato completo de lo ocurrido. Sin relato, no hay memoria colectiva ni aprendizaje político. Y sin justicia para las víctimas, no hay cierre ni reparación posible. En ese vacío, las mismas dinámicas reaparecen inevitablemente, con otros nombres y otros discursos, porque nada ha sido realmente confrontado ni resuelto.

Dictadores que no fueron juzgados, redes que nunca se expusieron, fortunas ilícitas que jamás regresaron a sus países: ese patrón se repite una y otra vez. Y siempre deja detrás sociedades fracturadas y sistemas políticos débiles, incapaces de regenerarse de verdad.

Aceptar ese modelo para Venezuela sería aceptar que millones de venezolanos no merecen justicia, sino silencio. Y que la estabilidad vale más que la verdad.

El día después: gobierno formal y poder real

Incluso si se garantizara un proceso de rendición de cuentas —algo que aún está por ver— quedaría abierta otra cuestión fundamental: quién ejerce realmente el poder en la Venezuela post-Maduro.

Gobernar no es ocupar un cargo, sino controlar decisiones estratégicas: recursos energéticos, política exterior, seguridad, arquitectura económica. En escenarios de intervención externa, el riesgo de una soberanía meramente formal es elevado. Se conservan los símbolos, pero las decisiones clave se toman fuera.

Aquí surge una preocupación central desde la perspectiva de la Hispanidad. Venezuela no es un caso aislado ni un territorio periférico: es una de las grandes naciones del mundo hispano, con una historia y una identidad que no pueden reducirse a variable geopolítica.

La tentación del Estado marioneta

La historia hispanoamericana está llena de Estados que conservaron su independencia jurídica mientras perdían su autonomía real. Países formalmente soberanos, pero estratégicamente condicionados durante décadas. La tutela externa rara vez se presenta como permanente; siempre es “transitoria”, “necesaria”, “técnica”. Pero una vez instaladas las dependencias, desmontarlas resulta extremadamente difícil.

Las élites locales se adaptan, los incentivos se alinean y la soberanía se convierte en retórica. Cambia el lenguaje, cambian los socios, pero la dependencia permanece.

Aceptar este modelo para Venezuela sería sustituir una forma de sometimiento por otra. Quizá menos brutal, quizá más presentable, pero igualmente corrosiva para la dignidad nacional.

Venezuela como advertencia para el mundo hispano

Este debate no se agota en Venezuela ni puede despacharse como un episodio excepcional. Lo que está en juego es el precedente que se establece para el conjunto del mundo hispano cuando la caída de una dictadura se gestiona desde fuera y se decide sin contar con quienes han asumido el coste real —político, personal y vital— dentro del país.

Las recientes informaciones según las cuales Donald Trump no se fía del liderazgo de María Corina Machado, ni del mandato electoral representado por Edmundo González Urrutia, no son un detalle menor. Son una señal clara de que la legitimidad surgida del proceso político venezolano puede no coincidir con la legitimidad aceptable para el actor externo que ha forzado el desenlace.

Aquí aparece el riesgo central: que la transición no se articule en torno a quienes han ganado respaldo popular dentro de Venezuela, sino en torno a figuras consideradas más manejables, más previsibles o más alineadas con intereses externos. No sería la primera vez que ocurre. Y nunca ha terminado bien.

Reconocer que Estados Unidos es el único actor con capacidad real para ejecutar una operación de esta magnitud no obliga a aceptar sin crítica el modelo político que pueda imponer después. El realismo geopolítico no exige renunciar al juicio histórico ni aceptar que la soberanía de una nación hispana sea un elemento secundario frente a la comodidad estratégica de otros.

Cuando los pueblos dejan de ser sujetos de su propia reconstrucción y pasan a ser objetos de administración, el resultado no es una democracia frágil, sino una dependencia estructural.

Justicia, soberanía y reconstrucción

La reconstrucción de una nación devastada por una dictadura no se sostiene únicamente sobre la desaparición del tirano. Requiere justicia, para ofrecer reparación a las víctimas y fijar responsabilidades; soberanía, para que las decisiones fundamentales emanen del propio cuerpo político nacional; y verdad, para que el pasado no se reescriba ni se diluya en pactos de conveniencia.

Separar estos elementos no es pragmatismo: es una receta segura para el fracaso.

• Sin justicia, la corrupción no desaparece: se adapta.
• Sin soberanía, la política pierde contenido y se convierte en gestión tutelada.
• Sin verdad, la historia se falsifica y el crimen se normaliza.

Una transición que prescinda del mandato electoral interno, que tolere la impunidad de los responsables del régimen y que se articule bajo tutela externa puede ser presentada como un éxito inmediato. Pero, a medio plazo, no reconstruye una nación: la sustituye.

Y es en este punto donde la cuestión deja de ser venezolana para convertirse en histórica.

¿Puede una nación hispana reconstruirse sobre los pilares de la impunidad y la tutela externa?